La asociación señala que la proliferación de las clausuras de clínicas dentales y de medicina estética están dejando multitud de usuarios afectados y desprotegidos.
FACUA-Consumidores en Acción exige la imposición de un seguro por cierre y responsabilidad civil obligatorios a las clínicas privadas en cuantías proporcionales a las cifras de negocio que haga frente a los perjuicios causados a los consumidores, ante los constantes casos de fraudes y cierres de clínicas odontológicas y estéticas, entre otras, de los últimos años.
La asociación se ha dirigido al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy y a la ministra de Sanidad, Mónica García, al objeto de trasladarle la urgente necesidad de una mayor y mejor regulación de estos sectores para evitar la desprotección de los usuarios ante un modelo de negocio que se ha basado en el rápido crecimiento y el beneficio económico inmediato mediante la financiación vinculada a los tratamientos en perjuicio de los ciudadanos.
Buena muestra de ellos son los casos de iDental, Dentix y SmyDent, o, más recientemente, los de distintas clínicas estéticas como Centros Ideal o las de la marca Único, que han cerrado sus puertas dejando a miles de usuarios con tratamientos pagados o financiados y a medio terminar o directamente sin haber empezado y sin garantías, además de intervenciones mal ejecutadas, con daños derivados de negligencias profesionales, uso de materiales de baja calidad, etc.
Necesidad de regulación
Así, FACUA señala que lleva años reclamando a las distintas fuerzas políticas que se pongan de acuerdo para, mediante ley, obligar a las empresas a que tengan un seguro de responsabilidad civil proporcional a su volumen de negocio para pagar posibles indemnizaciones por daños, fraudes o cierres, y que se cree un fondo de depósito con el mismo objetivo.
La ley general de 1984 preveía que el Gobierno desarrollase la regulación de dichos seguros y el fondo de depósito, pero casi cuarenta años después sigue sin aprobarse.
En este mismo escrito, la asociación también incide en que debe establecerse la obligatoriedad de poner a disposición de los usuarios información clara, completa y accesible sobre los centros sanitarios, mejorando el Registro de Establecimientos y Centros Sanitarios. De esta manera, debería identificarse al titular de la clínica y a los profesionales médicos que ejercen allí, cartera de servicios autorizada, facilitar los datos del seguro de ambos y la fecha y resultado de los controles y planes de inspección que haya realizado la administración.
Además, debería regularse una serie de garantías de acceso y recuperación de las historias clínicas, que prevea su conservación en caso de cierre de los establecimientos, y la publicidad sanitaria dirigida a los consumidores, así como un control efectivo sobre ella.
De igual forma, resulta imprescindible que se realicen controles e inspecciones periódicos de forma anual, sin previo aviso, y ante denuncias de usuarios, colegios profesionales y otras instituciones y organizaciones. Si se detecta una irregularidad, los procedimientos sancionadores deben ser efectivos y disuasorios, con multas cuyas cuantías cumplan verdaderamente su objetivo de evitar la reincidencia en la infracción. Estas sanciones, además, deben ser públicas y publicitadas, para que los usuarios conozcan antes de contratar si la empresa en cuestión ha sido multada.
Por último, para casos de cierres, debe regularse una clausura ordenada en la que existan protocolos garantistas para los usuarios afectados, que protejan sus derechos.